A partir de las revoluciones industriales y con la sucesión de las innovaciones tecnológicas, el proceso de deterioro ambiental se aceleró incesantemente. En la esfera de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, ya se manifiestan hoy signos de agotamiento o escasez de ciertos recursos no renovables, esenciales para la actividad humana, y daños irreversibles que amenazan el equilibrio de la biósfera.
En la raíz del conjunto de estos problemas se encuentran las modalidades de producción y consumo de las sociedades industriales. En esa lógica puramente técnica y económica, el medio ambiente y los recursos naturales aparecen como meros instrumentos al servicio del crecimiento económico: la búsqueda de una elevada e inmediata rentabilidad lleva a desdeñar los daños infligidos a la naturaleza, y con ello a la sociedad en su totalidad.
En muchos países, la contaminación del agua, del aire y del suelo ha ido agravándose en forma alarmante, con los consecuentes efectos nocivos para las comunidades humanas. Las naciones industrializadas fueron las primeras que sufrieron los impactos causados por las nuevas tecnologías contaminantes. Por tal causa, establecieron normas muy estrictas que erradicaron el uso de muchas de ellas. Sin embargo, esos contaminantes son volcados hacia los países del Tercer Mundo que, en muchos casos, consideran que esas nuevas tecnologías inician el .
A las corporaciones multinacionales que dominan el comercio mundial no les preocupa lograr un desarrollo sostenido a largo plazo, sino obtener ganancias a corto plazo. Los gobiernos se preocupan por un crecimiento rápido porque cada pocos años deberán enfrentar a los votantes y, por lo tanto, necesitan logros inmediatos; si hay efectos perniciosos secundarios será la próxima generación de políticos la que deberá entenderse con ellos, mientras que los afectados serán los futuros ciudadanos.
Desafortunadamente, el largo plazo un día se junta con el corto y el futuro un día se convierte en presente. Y así está pasando con nuestra generación: los problemas del pasado se han acumulado y ahora forman parte del presente.

Los plaguicidas químicos
En la década de 1950 fueron lanzados a nivel internacional como un milagro de la ciencia y una panacea para enfrentar a los problemas de plagas. Promovidos por poderosas corporaciones multinacionales, agencias internacionales de ayuda y por las políticas gubernamentales, los plaguicidas se han expandido a nivel mundial con la llamada y a través de las políticas de libre comercio.
El uso cotidiano de esos químicos contribuye a la crisis de la agricultura que dificulta la preservación de los ecosistemas, los recursos naturales, y afecta la salud de las comunidades rurales y de los consumidores urbanos. La búsqueda de la productividad a corto plazo por encima de la sustentabilidad ecológica, practicada en las últimas décadas, ha dejado un saldo a nivel mundial de contaminación y envenenamiento donde el pretendido remedio universal ha resultado ser peor que la enfermedad.
En EEUU se vierten anualmente en el ambiente más de 500 mil toneladas de plaguicidas, o sea el 30% del total mundial; otro tanto se vuelca en Europa y el resto en los demás países del globo.
De acuerdo a estimaciones de 1990, más de 25 millones de personas se envenenan al año con plaguicidas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha estimado en 20.000 las muertes provocadas anualmente por la exposición a esos tóxicos.
En el año 1962, la bióloga Raquel Carson publicó su libro Primavera Silenciosa en el que, de una manera elocuente y con fundamentos científicos, destaca las consecuencias nocivas para el ser humano y el medio ambiente que provoca el uso de peligrosos venenos químicos para combatir las plagas y enfermedades de las plantas. Tiempo después, las investigaciones demostraron la presencia de plaguicidas clorados en el tejido adiposo de mamíferos marinos y otros vertebrados e incluso en la sangre de los seres humanos y en la leche materna. También quedó en evidencia que muchos plaguicidas causan daños genéticos, cáncer y depresión del sistema inmunológico. En un proceso de registro que lleva más de 20 años, sólo dos plaguicidas han podido salvar en EEUU las pruebas de evaluación de efectos crónicos de salud y en el que se han identificado más de 92 plaguicidas como posibles, probables o conocidos cancerígenos.
Aunque los trabajadores agrícolas enfrentan la mayor exposición a esos tóxicos, los consumidores también corren los riesgos al comer alimentos contaminados. Los científicos no han podido aclarar los efectos a largo plazo de ingerir residuos de distintos plaguicidas en los alimentos, cotidianamente y por muchos años.
Por otro lado, el uso sistemático de esos químicos crea resistencia en los insectos, hongos y malezas que pretenden atacar. Al aplicar plaguicidas, se ataca tanto a los organismos considerados plaga como a los insectos y parásitos benéficos, pues se rompe el equilibrio biológico natural propiciando el surgimiento de nuevas plagas o el resurgimiento de las ya establecidas. El aumento en el número de aplicaciones, la elevación de las dosis y la preparación de , mezclando distintos tipos de plaguicidas, no hace sino agravar más los problemas desatando una espiral creciente de contaminación.
Ante las medidas de prohibición de muchos productos y el aumento de los costos de inversión para introducir los nuevos en el mercado de los países desarrollados, las compañías multinacionales han respondido exportando al Tercer Mundo aquellos tóxicos. En el caso de EEUU, el 25% de los plaguicidas exportados a aquellos países son productos prohibidos o sin registro interno debido a los comprobados daños a la salud y al ambiente.
Ese comercio infame, conducido por las corporaciones transnacionales, con el aval de los países productores y la de muchos gobiernos de los países del Tercer Mundo, provoca graves daños en el medio ambiente y la salud de las poblaciones.
El científico estadounidense E.Hathaway, en su libro Plagas y venenos, Agrotóxicos en Brasil y el Tercer Mundo, decía en l982: .
Lamentablemente, esa conducta predomina en nuestros países subdesarrollados: autoridades y técnicos adoptan y aplican, sin discusión y análisis, las tecnologías que dejan graves secuelas de deterioro ambiental y social. Además, con esa política de aceptación lisa y llana de esas recetas, se dejan de lado prácticas y métodos de producción agrícolas tradicionales, que dieron sustento a las poblaciones durante siglos pues no son lesivos y mantienen la vigencia de los recursos de la naturaleza.

Los agrotóxicos en el Uruguay
De acuerdo a los datos de los Censos Generales Agropecuarios, desde 1951 a 1986, la modernización del agro uruguayo ha comportado un aumento de la producción de artículos de exportación, así como la concentración de la propiedad de la tierra en menor número de manos y el éxodo de la mano de obra rural desocupada a los cinturones de pobreza de los centros poblados. Ello trajo aparejada la agudización de la desigualdad del ingreso entre las distintas clases sociales y el creciente deterioro del medio ambiente.
Simultáneamente con el avance de la mecanización, y facilitada por ella, se produjo una intensa utilización de agroquímicos, en especial a partir de la década de los 50. La importación de fertilizantes químicos se cuadruplicó en el período, y el de plaguicidas se multiplicó por 300 en kilogramos brutos importados. Esos procesos han provocado intensas alteraciones de los recursos naturales y en algunos casos la pérdida productiva de los mismos: más del 30% de los suelos del país sufren diversos grados de erosión, las aguas fluviales y marítimas están contaminadas, así como los productos del agro.
Instituciones oficiales del país realizaron diversos análisis que permitieron constatar importantes grados de contaminación por residuos de agrotóxicos en las aguas del Río de la Plata, varios ríos y arroyos, en carnes de exportación, en granos de cereales, en la sangre de la población y en la leche materna:

• Entre 1980 y 1986, el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada Nacional (SOHMA) analizó las aguas del Río de la Plata y verificó residuos de plaguicidas en todas las muestras recogidas.
• El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizó entre 1978 y 1987, el monitoreo de residuos en carnes rojas y los resultados mostraron que en todas las muestras aparecieron plaguicidas clorados y fosforados.
• De 1979 a 1983, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina, analizó sangre de la población expuesta y no expuesta a los plaguicidas, leche materna y sangre del cordón umbilical. En todos los casos aparecieron residuos de clorados.
• Entre 1979 y 1988, el MGAP constató que los granos de cereales de exportación, arroz, cebada y avena, eran portadores de residuos de clorados. En 1982, la República Federativa de Brasil elevó una protesta porque la importación de arroz uruguayo contenía residuos de clorados.

Es importante hacer notar que las instituciones oficiales sólo se abocaron a verificar la existencia de residuos tóxicos en los productos del agro destinados a la exportación, pero no en aquellos que consume la población de nuestro país, como frutas, verduras, huevos, lácteos, etc.
En los últimos años, las autoridades del MGAP limitaron, aunque no prohibieron, el uso de varios plaguicidas que están prohibidos en numerosos países por sus consecuencias nocivas, como los clorados, por la causa antes señalada: sus residuos contaminan los productos de exportación (carne, lana, cereales, frutas, etc.) y se corre el riesgo de que sean rechazados en el mercado externo.
Evidentemente, ese es el único criterio al que apelan las autoridades de nuestro país para regular el uso de agrotóxicos. No influyen en sus decisiones los estudios, investigaciones y experiencias de otros países; las prohibiciones del uso de productos nocivos denunciados por las Naciones Unidas, ni tampoco los resultados de los análisis nacionales antes detallados.
El director del Registro Nacional del Cáncer, del Ministerio de Salud Pública, Dr. J.A.Vasallo, en su libro Cáncer en el Uruguay, de 1989, expresa: . Significa un 64% de incremento en 30 años.
Desde 1983 a la fecha, las Naciones Unidas publican la Lista Consolidada de Productos Prohibidos, Severamente Restringidos o Retirados del Mercado, donde se incluyen medicamentos, químicos para la agricultura, químicos industriales y de uso doméstico, denunciados por los países miembros y que han demostrado ser altamente nocivos. Nosotros hemos cotejado ese listado con la Lista de Plaguicidas de uso autorizado en Uruguay, publicada por el MGAP, y constatamos que en nuestro país se utilizan más de 200 productos comerciales de plaguicidas nocivos que han sido denunciados en la lista de la ONU, y que más de 100 de ellos son probados cancerígenos.

Alternativas al uso de agrotóxicos
Ante la contaminación generalizada del entorno, los científicos, técnicos y agricultores, en su lucha contra las plagas y enfermedades, han vuelto a las prácticas tradicionales de nuestros antecesores combinándolas con los conocimientos adquiridos acerca de los ecosistemas y las poblaciones bióticas. Se busca así, por medio de diversos tipos de controles de manejo (cultural, mecánico, físico, biológico) y del uso de productos no contaminantes, lograr productos vegetales y animales limpios.
Al conjunto de esos planes se le ha denominado (IPM) o (CI). En realidad, es una filosofía que no atiende sólo a la población de plagas, sino a todo el agro–ecosistema. En primer término y como prevención, apunta a la utilización de prácticas adecuadas de cultivo para mantener un sistema saludable en el que todos los componentes estén funcionando y las plagas sean toleradas hasta que alcancen ciertos niveles. Entonces se iniciará el con las armas limpias correspondientes.
Lamentablemente, es difícil implementar el IPM en el marco económico actual. Un serio factor que impide el desarrollo de ese plan es la práctica tan extendida de subsidiar el uso de plaguicidas. R. Repetto, del Instituto de Recursos Mundiales, investigó en 1985 los subsidios al uso de plaguicidas en nueve países subdesarrollados; en ellos, los gobiernos otorgan subsidios a la fabricación de plaguicidas a fin de que sean ofrecidos a muy bajo precio en el mercado; otorgan préstamos para la compra de esos productos y estimulan en general su uso a través de diversos medios. El valor de esos subsidios va desde el 19% al 89% del costo real de los plaguicidas. Con ello se incrementa el sobreuso de esos tóxicos y se socavan los programas de IPM. Aún más, muchos científicos resaltaron que, aunque muchas organizaciones internacionales y gubernamentales afirmaron la importancia de los programas de IPM, son muy escasos los fondos que se dedican a la investigación y desarrollo de los mismos.
El IPM también requiere esfuerzos, una buena parte de cooperación y, por lo menos en las primeras etapas, una infraestructura social estable, capaz de estimular y soportar esa cooperación. En particular, el éxito del sistema IPM requiere de un diseño correcto y adaptable a la agricultura y cultivos locales y, sobre todo, una voluntad política decidida.

Conclusiones
Ante el envenenamiento ambiental por agrotóxicos, consideramos que los gobiernos deben modificar sus políticas agrícolas y comerciales, llevando a cabo acciones inmediatas como:

• Impedir la importación y el comercio de plaguicidas prohibidos, severamente restringidos o sin registro, debido a los graves daños a la salud y al ambiente que provocan.
• Estimular económicamente a los agricultores para la conversión agroecológica de sus prácticas de cultivo, mediante planes de transición nacionales y regionales, brindándoles todo tipo de apoyo.

Sabemos que la ciencia y la tecnología aplicadas en el Tercer Mundo responden a un modelo de desarrollo que llevan a aceptarlas en forma incondicional, lo que ha provocado, además de grave daño a las sociedades del Tercer Mundo, una total dependencia del capital y mercados del mundo desarrollado.
Las sociedades subdesarrolladas no pueden ni deben imitar los modelos de los países industrializados, puesto que siendo conscientes de sus defectos, tienen la oportunidad histórica de plantearse nuevos estilos de desarrollo más racionales.
La experiencia moderna de la agricultura orgánica y la experiencia tradicional de las comunidades campesinas nos demuestran que es posible producir alimentos y fibras sin agroquímicos. De igual forma, los aportes científicos de la agroecología y las técnicas del IPM señalan el camino de la búsqueda de alternativas. Hay que tener en cuenta que es imprescindible desarrollar una tecnología alternativa que se adecúe a las culturas y necesidades de cada país, es decir, acordes con las condiciones socioeconómicas y ambientales locales específicas.
Pero además, la resolución de los problemas ecológico–ambientales no reside tanto en actuar sobre el medio ambiente, como sobre las actividades humanas que mantienen una relación estructural con él, tratando de cambiar las bases irracionales sobre las que se sustenta el sistema dominante.
Una mayor comprensión de los problemas ecológico–sociales en el Tercer Mundo debe estar ligada a la dimensión global del sistema económico, social y político. Porque el desarrollo debe entenderse como un proceso de cambio estructural global y, a la vez, como continuo proceso de liberación individual y social, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas, empezando por las básicas, y aumentar el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Publicado en Tierra Amiga - Número 12, 1993